Extrañas movidas en Voto Electrónico

A continuación reproducimos una entrega realizada por el abogado Erik Iriarte de cara al Voto Electrónico y donde en las redes ya tiene un sin número de comentarios.
Iriarte menciona que la premura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la implementación del voto electrónico en Lima y Callao para las Elecciones Generales 2016, su negativa de hacer públicas las auditorias del software y la falta de transparencia en otros aspectos nos han llevado a cuestionar la utilización del voto electrónico en la primera y segunda vuelta, habiendo encontrado una serie de irregularidades que merecen respuesta. 

Extrañan movidas en la implementación del Voto Electrónico

Se detectó que empresas de la gestión anterior vienen cometiendo irregularidades

HERMETISMO EN EL DESARROLLO DEL SOFTWARE
A pesar que la ONPE afirma que el Voto Electrónico es de desarrollo propio y no se ha contratado a ninguna empresa para su desarrollo o implementación, hemos encontrado contrataciones a terceros por más de 2 millones de soles, sólo para éste proceso electoral.

Según la página web del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), en diciembre del año pasado la ONPE contrató a la empresa CYBERSEC CONSULT S.A. para el “Servicio de Consultoria y Contratación de Expertos en Investigación – Voto Electrónico Presencial – EG” por un monto de S/. 990,000.00.

Durante los años 2005 y 2006 tuvo pequeñas contrataciones con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Cuando Cucho es nombrado Sub Jefe Nacional de  RENIEC en el año 2007, los montos de sus licitaciones aumentan a seis dígitos y se duplican cuando Cucho fue nombrado Jefe Interino, siendo que el 94% (más de dos millones y medio de soles) de sus contrataciones con dicha entidad se adjudicaron desde que Cucho es nombrado Sub Jefe Nacional. En 2013, año que Marino Cucho deja RENIEC y se convierte en Jefe de la ONPE, las contrataciones con RENIEC cesan pero se reanudan el año siguiente en la ONPE, entidad con la que no había contratado nunca antes. A la fecha, las contrataciones de Cybersec Consult SA con la ONPE se aproximan a los 4 millones y medio de soles en apenas dos años.

También se contrató a la empresa THOMAS GREG & SONS DE PERU S.A. para el “Servicio de implementación de seguridad criptográfica para el Voto Electrónico No Presencial y las soluciones tecnológicas de Voto Electrónico EG 2016” por S/. 1’198,500.00. Esta última empresa ya había sido contratada para las Elecciones Regionales y Municipales del 2014 para la automatización del proceso de transmisión de resultados. Todo ello apuntaría a que al menos no todos los componentes del software han sido producto del desarrollo interno de la ONPE.

Pero la ONPE no sólo ocultó la información de terceros que participaron en el desarrollo del Voto Electrónico, sino que además se niega a entregar los contratos de los trabajadores de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE) que desarrollaron el Software del VEP, pese a que el Tribunal Constitucional ha establecido que dicha información es de acceso público (Exp. N° 00330-2009-PHD/TC).
Incluso existe una obligación de transparencia activa de publicar en el Portal de Transparencia de la ONPE la información sobre todos sus trabajadores y sus remuneraciones (artículo 5° del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). Sin embargo, insólitamente, ninguno de los trabajadores que figuran en el registro de INDECOPI como autores del Software del Voto Electrónico aparece como personal contratado en el Portal de Transparencia Estándar. Ni siquiera el Ing. de Sistemas que viajó a Corea del Sur a la fábrica de Samsung con todos los gastos pagados.

EXTRAÑAS CONTRATACIONES 
En vez de llevar a cabo el proyecto de inversión pública pre aprobado para adquirir el Hardware necesario para las estaciones de identificación y votación, se fraccionaron las compras por componente, realizando adjudicaciones de menor cuantía (AMC–ahora adjudicación simplificada) para cada elemento (USB, tarjetas inteligentes, cables, extensiones, precintos de seguridad, impresoras, tintas para impresoras, papel para impresoras, mantenimiento para impresoras, UPS, etc.). Recordemos que la Ley de Contrataciones establece:

Artículo 18.- Prohibición de fraccionamiento.- Queda prohibido fraccionar la adquisición de bienes, la contratación de servicios y la ejecución de obras con el objeto de cambiar el tipo de proceso de selección que corresponda (…)
De éstas, la que tiene el aura más sospechosa es la compra de audífonos, adjudicada a IZARNOTEGUI RIVERA JAMES JESUS por S/. 22.572,00, pese a que el informe de viaje de un trabajador de la ONPE a la fábrica de Samsung en Corea del Sur detalla que al momento de embalar las tablets en su caja “se agregan los accesorios correspondientes del paquete final (audífonos, cargador, manuales, etc.)”.

Así como la paralización de la AMC N° 268-2015, debido a la “donación” por parte de SAMSUNG ELECTRONICS de 22,436 cables USB LAN HUB. Eso es, un accesorio que permite la conexión de las tablets a internet con un cable de red; pese a que la ONPE ha sostenido que las estaciones de votación no estarían conectadas a internet.

EL CASO DE LAS TABLETS 
La compra que más llamó nuestra atención fue la adquisición de 22,436 Tablets Samsung Galaxy Tab 4 por más de 25 millones de soles (S/. 25’053,159). El monto, a diferencia de los bienes antes señalados anteriormente, excedía los 400mil soles permitidos por la Ley del Presupuesto para las adjudicaciones simplificadas, por lo que correspondía una Licitación Pública. No obstante, la ONPE decidió adquirirlas a través de Convenio Marco. Es decir, “a dedo”.

Sorprende además que la necesidad de compra de las tablets haya sido incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la ONPE el 24.11.2015, dos días antes de emitir la Orden de Compra; y a una empresa que pertenece a un mismo círculo familiar con ocho empresas en el mismo rubro, con el mismo teléfono y que figuran en la misma dirección o en el domicilio de sus integrantes.

Se trata de Manitex SAC, de Enrique y Miguel Gutiérrez Mantilla, que en algunos casos colocan a sus sobrinos o hermanas cual si fueran testaferros. Entre las ocho empresas han logrado ventas al Estado por más de 266 millones de soles, de los cuales 181 millones fueron por Convenio Marco. Estos personajes han sabido beneficiarse de la política de priorización de contratar con PYMES (pequeñas y medianas empresas). Suponiendo que no se les hubiera comprado las tablets, este grupo familiar ya manejaba más del 50% de las adquisiciones de la ONPE vía Convenio Marco para el voto electrónico.

MAQUINAS DESECHABLES
Resulta inquietante también la decisión de la ONPE de invertir millones de soles en equipos que tenía planeado utilizar en un solo proceso electoral.

Según el Estudio de Pre-inversión del proyecto de inversión pública que fue dejado de lado, la ONPE tenía previsto gastar para las Elecciones Generales 2016 casi 160 millones de soles (S/. 159’099,962.00) en “Equipamiento Tecnológico” que sería empleado una única vez por motivos de “seguridad”. Consultado por LaMula, Mariano Cucho dijo que planean usar las tablets hasta las próximas Elecciones Regionales y Municipales, momento en el cuál serán dadas de baja.

ANTECEDENTES DEL VOTO ELECTRÓNICO Y EL INICIO DE LA ERA “CUCHO”
En el 2005 se aprobó una Ley que autorizaba a la ONPE a implementar de manera paulatina el Voto Electrónico en el Perú. En ese momento, la Sra. Magdalena Chu fungía como Jefe de la ONPE. En su gestión, se aprobó el primer Reglamento del Voto Electrónico (Resolución Jefatural 211-2010/ONPE) que establecía la obligatoriedad de contratar a una empresa auditora al software del voto electrónico, conforme a los estándares internacionales; además de permitir la entrega del software a las organizaciones políticas, organismos de observación, entidades del Estado y a la sociedad civil.

Incluso, la ONPE gestionó a través del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la OEA contrate una empresa internacional para ejecutar una auditoría al Software, con el apoyo económico de Canadá.

Este software transparentado y auditado internacionalmente fue utilizado por primera vez en las Elecciones Generales del año 2011, en el distrito de Pacarán (Cañete) para 1354 electores aptos repartidos en tres mesas habilitadas. En éste experimento, la Misión de Observadores Electorales (MOE) observó que la elecciones se llevaron a cabo sin inconvenientes, salvo algunos problemas operativos y la ocurrencia de tres votantes que indicaron que la constancia de votación les salía como voto blanco, pese a que ellos habían marcado por uno de los candidatos.

Terminado el periodo de Magdalena Chu (2005-2012) y nombrado Mariano Cucho como nuevo Jefe de la ONPE, el secretismo tomó las riendas y se redujo considerablemente la transparencia del proceso de implementación del voto electrónico. Los nuevos reglamentos eliminaron la obligatoriedad de las auditorías y excluyó a la sociedad civil de la fiscalización, permitiendo únicamente a los personeros técnicos de los partidos políticos el acceso al software de votación.

ELABORACIÓN: HIPERDERECHO.ORG
En el 2014, para las Elecciones Regionales y Municipales, se negó acceso al software hasta a los observadores electorales de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).

Pero no solo eso, sino que la ONPE contrató a la internacionalmente cuestionada empresa “SCYTL”, para el servicio de desarrollo de “Software electoral en red”; empresa declarada como “contratista incumplida” por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE). Se cuestionó además que Scytl Perú tenga como gerente de Proyectos al ingeniero Raúl Murga Fernández, quien hasta mayo del 2013 se desempeñó como gerente de Sistemas de la ONPE.

A estas críticas se sumaron las denuncias de fraude en el distrito de Pucusana y múltiples problemas como la falta de capacitación de los técnicos, miembros de mesa y electores, además de demoras y errores en el propio proceso de votación.

FALTA DE AUDITORIA INTERNACIONAL Y AUDITORIAS SECRETAS
Pese a que era posible solicitar una Auditoria Internacional con el apoyo de la OEA, tal como se hizo en el año 2011, para las Elecciones Generales 2016, se dejó de lado la fiscalización internacional, dando como resultado a los ciudadanos un sistema no auditado y sin certificación. Recordemos que la ONPE solo dispuso la ejecución de una Auditoria de Software luego que se solicitara públicamente por el Abogado Erick Iriarte, el mismo que presentó una acción de amparo para evitar el uso de Software no auditado en la primera vuelta.

Los resultados de esa Auditoría, pese a haber sido solicitadas mediante peticiones acceso a la información pública, no han sido publicados por la ONPE; quienes en una interpretación apócrifa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), amplían el ámbito de aplicación del artículo 16° de la LTAIP, declarando las auditorias como información reservada bajo la excusa que su publicación puede “afectar el orden democrático”.

P.- Erik Iriarte