Inseguridad: Más Caro que El Niño

De no creerlo. La delincuencia en Lima y Callao costó S/ 13,483 millones en 2024, superando el impacto del Fenómeno El Niño 2017. Con 83% de delitos sin denunciar y 1,474 muertos, la crisis es anual y evitable. Fragmentación institucional, subutilización de cámaras y baja recaudación perpetúan el caos. Urge una plataforma provincial con videovigilancia inteligente, analítica IA y gestión integrada que una municipios, PNP y serenazgos. Convertir este costo en inversión tecnológica es la única vía para recuperar vidas, productividad y confianza ciudadana.

La inseguridad ciudadana es una crisis más costosa que un desastre natural: El impacto social y económico anual de la delincuencia en Lima y Callao supera al del Fenómeno de El Niño 2017

El costo social de la inseguridad ciudadana en Lima y Callao durante del año 2024 ascendió a S/ 13,483 millones, un monto superior incluso al impacto económico del Fenómeno del Niño del 2017. Frente a esta crisis estructural, es urgente aplicar soluciones tecnológicas estratégicas e innovadoras para revertir la situación.

(América Sistemas, Lima, 5 de noviembre 2025) Sumamente preocupante: La inseguridad ciudadana se ha consolidado como una amenaza estructural para Lima Metropolitana y el Callao, generando un impacto social superior a los S/ 13 mil millones en 2024. Detrás de cada cifra hay una víctima y una pérdida nacional. El subregistro de denuncias, que alcanza el 83%, dificulta una respuesta estatal efectiva.

Para dimensionar su magnitud: según Macroconsult (El Comercio, 24/03/2025), las pérdidas materiales del Fenómeno El Niño costero FEN 2017 ascendieron a US$ 3,124 millones, mientras que el costo social anual por inseguridad en MML y Callao (fallecidos y heridos) fueron US$ 3,965 millones. Es decir, el costo de la Inseguridad anual de MML y Callao, una crisis evitable que se repite sin pausa cada año, es superior al costo del FEN que ocurre cada 7 años en promedio, donde incluso se invirtieron más de S/ 5,466 millones en reconstrucción y prevención de desastres vía decretos de urgencia. La inseguridad ciudadana es anual y evitable, la ciudadanía exige una inversión de proporciones similar al FEN en innovación tecnológica para no seguir pagando este tributo en sangre y economía.

Se requiere de forma urgente una política de innovación tecnológica integral que combine videovigilancia, analítica avanzada de video y gestión descentralizada de incidencias, articulando municipios, comisarías y centros de control a nivel provincial, para frenar una crisis que ya afecta la economía, la productividad y la confianza ciudadana.

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva del Perú, las pérdidas económicas generadas por muertes, lesiones graves y delitos urbanos superan los S/ 19,800 millones anuales, equivalentes al 1.7% del PBI nacional. Solo en Lima Metropolitana y Callao, el costo social por inseguridad ciudadana, considerando fallecidos y heridos, alcanzó en 2024 los S/ 13,483 millones, según fuentes oficiales consolidadas (SINADEF, SUSALUD, INEI y OSINERGMIN).

Diagnóstico integral de la problemática
La inseguridad en Lima Metropolitana y Callao presenta particularidades que agravan su abordaje y gestión. El sistema nacional de seguridad ciudadana está marcado por una fuerte fragmentación institucional, pues confluyen organismos como CONASEC, CORESEC, COPROSEC y CODISEC, junto con la existencia de 43 alcaldes distritales y más de 90 comisarías solo en Lima Metropolitana, lo que deriva en una limitada interoperabilidad multidistrital e impide respuestas coordinadas y eficientes. Esta dispersión institucional genera barreras para actuaciones integradas en materia de prevención y reacción.

Según INEI, el subregistro crónico de denuncias es otro factor determinante: más del 83% de colisiones de tránsito, delitos y robos no se formalizan ante la PNP, debilitando la capacidad analítica y predictiva. La complejidad y lentitud de los trámites desalientan la formalización, imposibilitando la generación de mapas de criminalidad y siniestralidad ajustados a la realidad. Además, la baja estandarización de los procesos, reflejada en más de 100 canales telefónicos distintos de Serenazgo y procedimientos administrativos disímiles, dificulta la coordinación interinstitucional, la unificación de información y la colaboración efectiva entre serenazgos, policía y ciudadanía.

A estos problemas se suma una escasa interoperabilidad tecnológica entre distritos, especialmente en los limítrofes, donde no se comparten sistemas de despacho, centrales telefónicas ni redes de videovigilancia, perpetuando barreras operativas y duplicidad de esfuerzos. Gran parte de la infraestructura tecnológica instalada en Lima y Callao, como los sistemas de videovigilancia, se encuentra subutilizada por falta de analítica de video avanzada y mecanismos de interconexión, resultando en inversiones duplicadas y desaprovechamiento de recursos que podrían potenciarse mediante modelos colaborativos.

Cabe resaltar que muchos proyectos TIC en seguridad solo abordan la delincuencia, dejando de lado la inseguridad vial, que causa altos costos sociales en fallecidos y heridos, como demuestran las cifras de SINADEF, SUSALUD, SUTRAN y OSINERGMIN, con pérdidas que superan los 13,000 millones de soles anuales solo en Lima y Callao.

Finalmente, la baja recaudación del arbitrio Serenazgo -que representa apenas el 0.54% de los ingresos municipales- que se ha implementado en 384 de más de 1,850 gobiernos locales, evidencia la insuficiencia financiera para sostener y modernizar los servicios de seguridad ciudadana, perpetuando las brechas operativas y tecnológicas.

El subregistro y la “cifra negra”
Las cifras reales resultan aún más alarmantes si se toma en cuenta la “cifra negra” de delitos. El INEI estima que el 83.3% de los delitos cometidos en el país no llegan a denunciarse ante la Policía Nacional, distorsionando la planificación pública y postergando decisiones estratégicas. Este vacío informativo se origina en la desconfianza ciudadana, la falta de interoperabilidad institucional y la escasa cobertura tecnológica, impidiendo dimensionar el problema en su real magnitud.

Impacto territorial
El sistema DATACRIM debería evidenciar la concentración de denuncias policiales en distritos críticos como San Juan de Lurigancho, Ate, Comas y Villa El Salvador, donde confluyen inseguridad ciudadana e inseguridad vial, agravadas por calles congestionadas, iluminación insuficiente y escaso patrullaje de Serenazgos. En estos territorios, el delito y los siniestros viales conforman una sola ecuación: ausencia de control estatal efectivo.

Costo social en Fallecidos y Heridos
En el año 2024, según los registros de SINADEF y SUSALUD, se contabilizaron más de 1,474 fallecidos y 11,501 heridos relacionados con hechos de inseguridad ciudadana y vial en Lima y Callao. La estimación del Valor de Vida Estadística (S/ 3.1 millones por persona, OSINERGMIN 2020) y el costo relativo de lesiones graves (25% del valor de una vida, según iRAP) sitúan el impacto económico en más de S/ 13 mil millones anuales, superando ampliamente presupuestos regionales de educación o salud.

Esta cifra anual supera en magnitud y frecuencia al desastre de El Niño, que movilizó miles de millones en reconstrucción cada lustro; aquí, el “desastre” es perpetuo y prevenible.

Cada muerte, herido y acto violento representa no solo una tragedia personal, sino una pérdida acumulativa de productividad, cohesión social y confianza en las instituciones. La inseguridad es hoy un obstáculo estructural al desarrollo económico nacional.

Propuesta de tecnología y gestión integrada
No se puede continuar con soluciones fragmentadas ni medidas aisladas, donde cada distrito ejecuta su presupuesto público sin una visión de ciudad. Es necesario implementar una arquitectura tecnológica y de gestión integrada, a nivel provincial; donde la videovigilancia, la analítica de video e inteligencia artificial anticipen, identifiquen y permitan responder a incidentes en tiempo real.

Se propone una plataforma provincial centralizada de amplia cobertura metropolitana, monitoreo 24×7 y analítica de video con capacidad de detectar eventos de inseguridad, combinada con una gestión descentralizada de incidencias en cada distrito, articulada con comisarías y centros de despacho asistidos por computadoras (CAD). Esta red coordinada facilitaría tiempos de respuesta más cortos, patrullajes optimizados y zonas críticas determinadas por evidencia.

Modelos exitosos en otras capitales latinoamericanas demuestran que la videovigilancia inteligente y la interoperabilidad de datos entre municipalidades, PNP y MTC multiplican la eficacia de intervenciones sin mayores aumentos presupuestales, mejorando la eficiencia del gasto público.

Conclusiones 

1. El impacto económico de la inseguridad ciudadana, estimado en más de S/ 13,000 millones (solo MML y Callao en 2024), no debe seguir siendo asumido como un costo inevitable. Cuatro veces superior al anualizado de El Niño 2017, y sin pausas cíclicas, afecta la competitividad, la inversión y la recaudación tributaria, erosionando la calidad de vida y la confianza en el Estado. Transformar este costo en inversión para una seguridad inteligente no es un gasto, sino una necesidad económica estratégica.
2. Es urgente una política nacional de seguridad inteligente, sustentada en evidencia, tecnología y gobernanza colaborativa. Dicha política debe convertir los sistemas de videovigilancia en instrumentos reales de prevención y gestión urbana, integrando analítica de video, inteligencia artificial e interoperabilidad de datos entre municipios, PNP y sector salud. De lo contrario, el Perú continuará pagando año tras año un costo inaceptable en vidas, recursos y oportunidades perdidas.
3. Superar la “cifra negra” del 83% de delitos no denunciados es un objetivo alcanzable mediante soluciones TIC centradas en el ciudadano. Implementar plataformas unificadas y accesibles para la denuncia digital, junto con la integración automatizada de datos entre Serenazgo, PNP y el sistema de salud, es fundamental para generar inteligencia accionable, medir el problema en su real magnitud y orientar los recursos de manera eficiente.
4. La estandarización tecnológica y operativa es el catalizador para romper el ciclo de fragmentación institucional. La implementación de una arquitectura provincial común, con protocolos unificados de despacho, compartimiento de video en la nube y analítica avanzada, permitirá superar las barreras entre distritos y optimizar las inversiones existentes, pasando de un modelo de islas de vigilancia a una red metropolitana de seguridad cohesionada.
5. La seguridad vial debe ser un pilar inseparable de la seguridad ciudadana en la estrategia tecnológica. Incluir la detección automatizada de excesos de velocidad, puntos de conflicto vial y gestión de siniestros dentro de la misma plataforma de seguridad ciudadana permitirá atacar una de las causas principales de pérdidas humanas, heridos y económicas, maximizando el retorno de la inversión en tecnología y creando entornos urbanos más seguros de manera integral.