El Perú enfrenta un dilema urgente: continuar alimentando el gasto corriente o apostar decididamente por la inversión pública. Este reportaje analiza el presupuesto 2026–2031 y evidencia que más del 70% se destina a mantener la burocracia, mientras la inversión en salud, educación, seguridad y transporte sigue rezagada. De mantenerse esta tendencia, el país corre el riesgo de profundizar sus brechas estructurales. La propuesta es clara: un pacto nacional que congele el gasto corriente y canalice los incrementos hacia proyectos de alto impacto social. Un compromiso ineludible que ciudadanos y candidatos deben asumir con seriedad.
Pacto por la Inversión Pública: Compromiso ineludible para el Perú 2026 – 2031
Luego de más de dos décadas de expansión del gasto corriente, sin mejoras significativas en los servicios básicos, la ciudadanía y los especialistas demandan que los futuros candidatos presidenciales prioricen la inversión pública en seguridad, educación, salud y transporte, restringiendo el incremento del gasto administrativo.
(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 17 de setiembre 2025) El Perú está próximo a aprobar la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que alcanza un récord histórico de S/ 257,561 millones como Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Este monto, que durante el año se convertirá en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), requiere un análisis exhaustivo de su evolución, composición y oportunidades de optimización a futuro.
Tendencias del gasto público: señales de alerta
El siguiente gráfico ilustra la evolución del presupuesto público desde 2007 hasta 2026 (proyectado) y los periodos presidenciales de nuestro país. Las barras verticales comparan el PIA versus el PIM anual, la línea roja representa el presupuesto de actividades (gasto corriente) y la línea azul el presupuesto de proyectos de inversión.
El análisis del periodo 2022–2026, con base en datos del MEF, muestra patrones preocupantes:
- La tasa de crecimiento anual promedio del PIM total es de 5.49%.
- Existe una correlación casi perfecta (0.9982) entre el PIM de actividades y el PIM total.
- El PIM crece en promedio 13.49% frente al PIA.
- El 74% del PIM se destina a gasto corriente, con alta ejecución (95%).
- Solo el 26% se asigna a proyectos de inversión, cuya ejecución apenas llega al 79%.
De mantenerse la tendencia, el presupuesto para 2031 alcanzaría los S/ 388,139 millones, consolidando un modelo centrado en gasto corriente.
El dilema central: burocracia o desarrollo
El incremento anual del presupuesto se concentra en el gasto corriente, lo que plantea un riesgo fiscal de largo plazo y limita la capacidad del Estado para cerrar brechas en infraestructura y servicios públicos. El país necesita un cambio estructural en la política presupuestal.
¿Cómo revertir esta tendencia? Propuesta de reorientación
La propuesta no pretende reducir el presupuesto destinado a Actividades, sino mantener por durante el periodo 2026 a 2031 los niveles actuales de gasto en pensiones, planillas, contratos CAS, consultorías y servicios especializados. De esta manera, se garantiza la continuidad de los recursos necesarios para la prestación de servicios públicos.
Si entre 2026 y 2031 el gasto corriente se mantiene constante y todo incremento presupuestal se canaliza únicamente hacia proyectos de inversión, se generaría un ahorro potencial de S/ 263,237 millones. Estos recursos permitirían reducir de manera sustancial las brechas en salud, educación, transporte y saneamiento. El cálculo, basado en la tendencia de los últimos 20 años y en la tasa de crecimiento promedio anual del PIM total (5.49%), confirma un monto significativo, suficiente para financiar el cierre de brechas estructurales en el país.
Con una moneda estable y tras más de dos décadas de expansión del gasto corriente —principalmente en pensiones, planillas, servicios de terceros, alquileres y gastos generales—, el Estado peruano dispone hoy de una burocracia y de un presupuesto capaces, en teoría, de garantizar servicios públicos de calidad. No obstante, la evidencia revela que el aumento del gasto no ha mejorado —e incluso podría haber deteriorado— la calidad de dichos servicios. Por ello, en el marco de las Elecciones Generales 2026–2031, es crucial que los candidatos presidenciales se comprometan a reorientar el incremento presupuestal anual hacia la inversión, con un giro claro y verificable.
Análisis sectorial: Interior, Salud y Educación
La aplicación de la propuesta a sectores estratégicos evidencia el potencial de reasignación:
De continuar la tendencia, los presupuestos al 2031 profundizarán las brechas: el gasto corriente crece, mientras la inversión se rezaga, postergando mejoras en servicios esenciales. La reasignación propuesta permitiría impulsar:
Propuestas de Inversión con Ahorro Reasignado (2026-2031)
- Interior (S/ 12,635 millones): Modernización de comisarías, equipamiento para la PNP y serenazgo, sistemas de videovigilancia y programas de prevención.
- Salud (S/ 12,833 millones): Modernización de hospitales, equipamiento de postas médicas, implementación de telesalud y adquisición de tecnología médica.
- Educación (S/ 18,919 millones): Reconstrucción de colegios, plataformas digitales educativas, laboratorios de STEM y capacitación docente continua.
La trampa de la “conformidad a la norma”
Más allá de los números, este patrón refleja una cultura institucional arraigada que prioriza la burocracia sobre los resultados. Similar al experimento de “La Tercera Ola” (1967), donde la necesidad de pertenencia y aceptación llevó a la adopción acrítica de normas grupales, en el Estado peruano se ha naturalizado la expansión continua del gasto corriente. Esta inercia presupuestal —que privilegia planillas, pensiones, servicios y gastos administrativos— se ha convertido en una norma tácita pero poderosa, internalizada por funcionarios y tomadores de decisión como un camino seguro y libre de cuestionamientos.
El riesgo de la “conformidad a la norma” no es solo su ineficiencia económica, sino su efecto paralizante sobre el desarrollo nacional. Se prioriza la supervivencia de la estructura burocrática sobre la inversión en infraestructura, salud, educación o seguridad. Así, el Estado se vuelve adicto al gasto recurrente, perpetuando un ciclo donde más presupuesto no significa mejores servicios, sino más trámites, más dependencia y menos capacidad de transformación. Romper este consenso implícito es el primer paso hacia un Estado orientado a brindar calidad de servicio al ciudadano y no a su propia perpetuación.
Superar esta inercia requiere no solo decisiones técnicas, sino también un nuevo contrato político y ciudadano
El reto es establecer una nueva norma institucional: congelar el gasto recurrente en términos reales y destinar todo incremento presupuestal exclusivamente a un Fondo Nacional de Inversión Pública. Este cambio no solo reasigna recursos, también transforma la cultura estatal, orientándola a resultados tangibles con eficiencia, eficacia y economía. Esto implica que el personal especializado que acompañe en la nueva gestión presidencial 2026 – 2031 debería tener capacidades, experiencia y conocimiento en la gestión de proyectos de inversión; así como en la supervisión técnica de los mismos.
Mecanismos de credibilidad y transparencia
El pacto debe sustentarse en cuatro pilares:
- Regla Fiscal de Gasto Corriente: establecer por ley un límite real al crecimiento.
- Transparencia Activa: publicar en línea el avance físico y financiero de proyectos en tiempo real.
- Priorización Técnica: seleccionar proyectos con criterios socioeconómicos (VAN, TIR social) y consultas regionales.
- Auditoría Ciudadana: veedurías con universidades, colegios profesionales y sociedad civil.
Llamado a la ciudadanía y a los candidatos
El Perú no requiere más planillas, sino más hospitales. No necesita más burocracia, sino más escuelas, carreteras seguras y servicios públicos de calidad. Este pacto representa la línea divisoria entre permanecer estancados o construir el futuro que como nación merecemos.
El Pacto por la Inversión Pública es un mecanismo verificable de rendición de cuentas. Los votantes tienen el derecho y la responsabilidad de exigir a cada candidato un compromiso explícito y escrito.
Compromiso directo
Como candidato(a) a la Presidencia o al Congreso, me comprometo a:
- Contener el gasto corriente en términos reales.
- Invertir íntegramente todo incremento real en proyectos de inversión pública de alto impacto social.
- Rendir cuentas mediante la publicación anual de listas priorizadas de proyectos, con cronogramas y auditoría ciudadana.
- Evaluar y reestructurar todo programa que no evidencie resultados medibles en un plazo máximo de 24 meses.
