Notebooks de la ONPE bajo sospecha

El proceso de Vigilancia del nuevo proceso electoral comenzó en AS: la reciente compra de 31.234 notebooks por parte de la ONPE, mediante una OCAM de PERÚ COMPRAS, revela serias irregularidades que comprometen la transparencia del proceso. Documentos y denuncias internas advierten que se habría combinado transporte aéreo y marítimo para ofrecer precios bajos, incumpliendo la cláusula de entrega única y fraccionando la entrega con anuencia de funcionarios, lo que evitaría penalidades. Esta práctica, que podría configurar colusión, pone en riesgo el despliegue logístico de las elecciones 2026 y exige inmediata intervención de la Contraloría, OCI y órganos de integridad para sancionar y erradicar malas prácticas en las compras públicas.

Entrega fragmentada, precio perfecto: señales de riesgo en la compra de 31.234 notebooks para la ONPE

Denuncias internas y documentos muestran que la contratación de 31.234 notebooks por vía de una OCAM de PERÚ COMPRAS presenta indicios de prácticas que deben investigarse: mezcla de fletes (aéreo y marítimo) para lograr un precio competitivo y luego solicitudes para fraccionar la entrega que evitarían penalidades por incumplimiento contractual.

(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 17 de setiembre 2025) El pasado 11 de julio se formalizó la adjudicación de 31.234 notebooks a precio unitario de S/. 857 + IGV mediante la OCAM 2025-479-149-1 de PERÚ COMPRAS, con modalidad de ENTREGA ÚNICA en el almacén de Lurín y plazo fijado entre el 14 de julio y el 8 de septiembre. Sin embargo, el expediente que obran en nuestra redacción y testimonios internos indican que parte de la mercadería llegó por vía aérea y otra por vía marítima, y que la entidad y el proveedor habrían negociado entregas diferidas para eludir la aplicación de penalidades por incumplimiento. Estos hechos, si se confirman en sus extremos, configuran prácticas contrarias a la transparencia y al objetivo del sistema de compras públicas.

Hechos y cronología (lo que constan en el expediente)
11 de julio de 2025: formalización de la contratación por OCAM 2025-479-149-1 por 31.234 notebooks.

Plazo contractual: entregas entre el 14 de julio de 2025 y el 8 de septiembre de 2025, ENTREGA ÚNICA en almacén de Lurín.
DUA (Documento Único de Aduanas) del último lote recibido: arribo al país el 07/09/2025, lo que, según el expediente, demuestra incumplimiento de las condiciones pactadas (modalidad de entrega y/o plazos).

Fuentes consultadas señalan la práctica de combinar fletes (aéreo + marítimo) para alcanzar un precio ofertado competitivo y luego acordar con la entidad entregas diferidas o fraccionadas —argumentando falta de cupo en almacén— para evitar la penalidad por entrega tardía.

Indicadores de riesgo y modus operandi
Precio notablemente bajo frente a la logística requerida. Para importar y entregar 31.234 equipos a S/. 857 + IGV la cadena logística debe ser extremadamente ajustada; la combinación estratégica de envíos aéreos y marítimos puede reducir costos aparentes pero complica el cumplimiento de una entrega única.

Fraccionamiento “consensuado” de entregas. Solicitar diferimientos aduciendo falta de espacio institucional transforma una obligación contractual (entrega única) en entregas parciales que neutralizan la sanción por mora cuando debería aplicarse la penalidad.

Posible colusión operativa. Que el proveedor y funcionarios acuerden mecanismos para evitar multas configura un riesgo de contubernio; aun si no implica nulidad de la compra, sí exige investigación administrativa y, si corresponde, penal.

Impacto sobre el proceso electoral y el interés público
Las notebooks están previstas en el Plan Operativo Electoral 2026 para actividades concretas del despliegue electoral (respaldo logístico y operativo). Retrasos, entregas parciales o equipos sin el adecuado control de recepción ponen en riesgo cronogramas, la capacitación de personal y, en términos de gobernanza, la confianza ciudadana en la correcta administración de recursos para elecciones.

Pruebas y actores notificados
El expediente incluye la DUA y declaraciones de fuentes internas; además, el texto indica que la Contraloría General de la República (CGR), la Oficina de Integridad y la Oficina de Control Interno (OCI) han sido avisadas, lo que debe activarse como primer paso formal de verificación.

Recomendaciones prácticas e inmediatas (acción prioritaria)
A corto plazo (dentro de 72 horas de publicada esta investigación):

Que la ONPE publique íntegramente la contratación (contrato, cronograma, actas de recepción, DUAs, comunicaciones internas sobre entregas) para transparencia inmediata.

Solicitar a PERÚ COMPRAS y a la OCI un informe preliminar sobre el cumplimiento de la cláusula de Entrega Única y la aplicación —o no— de penalidades.

Suspender cualquier acuerdo que permita levantar o reducir penalidades hasta que no exista una justificación técnica, debidamente documentada y auditada.

Protección y canal seguro para denuncias internas (whistleblowers) relacionadas con esta compra.

A mediano y largo plazo (reformas institucionales):
Reglas claras sobre combinación de fletes: exigir en pliegos que la modalidad de envío esté descrita y justificada, y prohibir, salvo autorización fundada, la mezcla que permita ofertar precio competitivo sin capacidad logística para entrega única.

Garantías más fuertes: exigir cartas fianza por cumplimiento y retenciones que cubran el costo de penalidades calculadas sobre todo el contrato, no solo sobre lotes.

Transparencia operativa: publicar cronogramas de recepción y matching automático con DUAs en plataforma pública de PERÚ COMPRAS.

Rotación y declaración de conflicto: rotación obligatoria de miembros del comité de compras y declaración pública de conflictos de interés.

Sanciones ejemplares: que la inobservancia probada de procedimientos que derive en perjuicio al Estado active procedimientos administrativos y, cuando corresponda, denuncia penal por colusión o malversación.

Qué deben investigar las autoridades
Determinar si la combinación de fletes fue informada y aceptada en el proceso de adjudicación o fue una estrategia posterior para bajar precios sin capacidad de entrega única.

Verificar comunicaciones internas que documenten acuerdos para fraccionar la entrega y las razones administrativas esgrimidas (falta de cupo en Lurín).

Evaluar si la penalidad fue aplicada, transada o transmutada en otros beneficios para el proveedor.

Los documentos y testimonios recabados muestran, al mínimo, prácticas que vulneran el espíritu de las contrataciones públicas: ofertas aparentemente competitivas que, por su estructura logística, no permiten el cumplimiento de las condiciones esenciales del contrato; y la sospecha de acuerdos informales para evitar sanciones. Dado que el equipo adquirido está destinado a actividades del proceso electoral 2026, la respuesta de las autoridades debe ser rápida, pública y rigurosa: auditoría administrativa, fiscalización técnica de entregas y sanciones cuando corresponda. La defensa de la integridad del gasto público exige que no se confunda eficiencia de compra con atajos que terminan erosionando la confianza ciudadana. El equipo electoral y el proceso 2026 podrían verse comprometidos si no se garantiza transparencia y sanción inmediata.