El modelo “Obras por Impuestos” se desploma. Documentos oficiales del MEF muestran que en 2024 no se ejecutó nada, en 2025 apenas 3%, y en 2023 solo 36% de lo adjudicado. Hospitales, escuelas y carreteras siguen en papeles mientras ProInversión y el MEF permiten adjudicaciones a empresas sin respaldo alguno. Peor aún: no se aplican penalidades a los incumplidores, generando impunidad. Un mecanismo diseñado para cerrar brechas se ha convertido en un negociado que traiciona la confianza ciudadana. El país no necesita más contratos: necesita obras concluidas y autoridades responsables que respondan por la parálisis.
Crisis del Mecanismo Obras por Impuestos: Análisis Integral y Propuestas de Reforma Urgente
El mecanismo Obras por Impuestos (OxI) atraviesa su crisis más profunda desde su creación en 2009. Los datos oficiales del MEF al 31 de julio de 2025 revelan un colapso sistemático: ejecución física de 0% en 2024, apenas 3% en 2025 y solo 36% en 2023. Esta situación compromete el cierre de brechas de infraestructura y representa una pérdida de confianza en uno de los instrumentos más exitosos de colaboración público-privada del país.
(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 01 de octubre 2025). Los documentos oficiales hablan con crudeza: el propio informe del MEF muestra que los contratos deben estar sujetos a mecanismos efectivos de control y seguimiento, asegurando ejecución física según cronograma. En las gráficas publicadas por el MEF se expone con claridad la magnitud del desastre: para 2024, el 100% de lo adjudicado con convenio permanece «por ejecutar»; en 2025 apenas se ha ejecutado un 3%; y en 2023 solo el 36% llegó a materializarse.
Esta combinación de cifras –contratos firmados sin ejecución– explica por qué en muchas zonas del país persisten condiciones precarias en escuelas, centros de salud y vías intransitables, mientras la elaboración y aprobación de expedientes técnicos circulan como trofeos administrativos. El informe del MEF también demuestra que los certificados de inversión pública regional y local (CIPRL) no se emiten de acuerdo con el cronograma de las obras. Ello podría deberse a la falta de capacidad técnica de las entidades públicas o a la inexperiencia de las empresas privadas; en ambos casos, constituye negligencia del MEF y ProInversión al centrarse solo en adjudicaciones, sin velar por la ejecución financiera.
Además, en la misma plataforma del MEF[i] se publica la Base de Convenios Resueltos y Adjudicados Desistidos al 31.07.2025, donde se registran más de 56 proyectos desistidos por más de S/ 913 millones y 82 proyectos con convenios resueltos por más de S/ 734 millones, según la DGPPIP – MEF.
La baja ejecución del Mecanismo OxI desde 2023 responde al cambio en el perfil de las empresas participantes. Antes intervenían principalmente empresas medianas y grandes, con trayectoria empresarial, presencia en rankings de las Top 1,000 y generadoras de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. Hoy predominan empresas nuevas, muchas de ellas vinculadas entre sí, sin trabajadores en planilla y fuera incluso del ranking de las Top 20,000.
La información mensual del MEF evidencia que promover la participación de empresas sin capacidad real de generar impuesto a la renta fue un error estratégico. Urge identificar quiénes promovieron este despropósito y quiénes se han beneficiado. A esta realidad se suma la ausencia de penalidades efectivas por parte de los Gobiernos Regionales frente al incumplimiento de cronogramas por las nuevas empresas “financistas”. Este escenario abre espacio a colusión y corrupción, deteriorando el mecanismo OxI y, lo más grave, dejando sin atender las necesidades de los ciudadanos. En la práctica, ProInversión gestiona procesos que terminan en papeles, mientras el MEF no ofrece justificaciones públicas convincentes sobre la caída drástica de la ejecución. El resultado es un mecanismo que pasa de ser «modelo a imitar» a convertirse en un riesgo reputacional regional.
Monto de inversión reconocido mediante emisión de certificados (Ejecución financiera)
según año de adjudicación 2009-2025
Los responsables formales aparecen identificados en los documentos públicos: el MEF (Raúl Pérez Reyes) como ente rector y la presidenta ejecutiva de ProInversión (Tábata Vivanco del Castillo) como responsable de la promoción de inversión privada en el Perú. La documentación oficial contiene detalle suficiente para identificar proyectos con cronogramas vencidos y sin sanciones ni medidas de remediación efectivas. Ante esto, la inacción constituye una responsabilidad política y administrativa.
Las consecuencias prácticas son claras: la ilusión de “más infraestructura” en nuestro país se reduce a papeles y expedientes que terminan archivados; el gasto público no genera beneficio social y el mecanismo OxI pierde credibilidad ante inversionistas serios. Si no se corrige, el proceso seguirá produciendo adjudicaciones desistidas y convenios resueltos, con mayor costo fiscal y frustración ciudadana. La pregunta es simple: ¿a quién protege el Estado cuando permite que contratos públicos no se ejecuten y no castiga a los incumplidores?, ¿quiénes son los promotores de estas condiciones adversas para el país?
Medidas ineludibles (mínimo exigible)
- Auditoría inmediata y pública de todos los procesos adjudicados desde 2023, con detalle de adjudicación, ejecución física y entrega de CIPRL.
- Publicación de nombres de los Comités Especiales que aprobaron cada proceso y del patrimonio real de las empresas adjudicatarias, incluyendo copia de la declaración jurada exigida en otros convenios.
- Aplicación real de penalidades contractuales a las empresas que incumplan cronogramas, así como sanciones administrativas a funcionarios que omitieron el control.
- Acceso prioritario de la Contraloría, para emitir recomendaciones vinculantes sobre criterios de admisibilidad (empresas generadoras de renta) y controles previos a la adjudicación.
- Suspensión temporal de nuevas adjudicaciones hasta implementar garantías efectivas de ejecución (fianzas, seguros o avales patrimoniales).
El documento mensual del MEF no es una simple referencia: constituye una denuncia con datos oficiales que exige respuestas inmediatas. Si el Estado no actúa con urgencia, el modelo de “Obras por Impuestos” dejará de ser un referente y pasará a convertirse en símbolo de ineficiencia y pérdida de confianza ciudadana.
[i] https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3981&Itemid=102178&lang=es
