Profesionales peruanos out

Pandemia al medio, cientos de miles de puestos de trabajo perdidos, mano de obra calificada y de paso reactivar la economía nacional, todo indicaría que se estarían dejando de lado a profesionales peruanos, al menos así lo expresa el Colegio de Ingenieros del Perú. Se trata de la suscripción del acuerdo entre el Perú y el Reino Unido para ejecutar obras en 9 regiones del país, con una inversión de más de S/. 7 mil millones de soles que comprende la implementación de 9 hospitales, 6 centros de salud, 74 colegios, además de 15 cuencas, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales, obras por las que el Perú pagará al Reino Unido el 6% (420 millones de soles).

¿No hay ingenieros peruanos que manejen PMO, BIM y NEC?

Todo indica que el Colegio de Ingenieros hace suya la gran preocupación que tienen miles de profesionales debidamente capacitados.

(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 22 de julio 2020) Del monto de las inversiones, surge diversas interrogantes de expertos y sectores del país que cuestionan dicho acuerdo.

Así, Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) dijo que se necesita contar con profesionales que manejen programas como Project Management Office (PMO), Building Information Modeling (BIM) y New Engineering Contract (NEC) para la puesta en marcha de dichos proyectos, pero ¿acaso en el país no hay profesionales idóneos en estos temas?

Si bien estas obras generarían más de un millón de puestos de trabajo, el gobierno destinará 420 millones de dólares en dos años a estos expertos del Reino Unido que saben de estos programas, lo cual en estos tiempos de escasez de recursos es contraproducente y genera molestias, ya que en estos tiempos difíciles se necesita que se inyecte dinero en nuestra alicaída economía nacional.

Por ello, el Colegio de Ingenieros del Perú manifiesta que se trata de proyectos, cuya naturaleza no es compleja y pueden ser realizados por la ingeniería nacional. Además expresa su preocupación por tener que recurrir a fuentes externas y propone que el sistema de contrataciones de obras públicas se modifique, con el fin de promover capacidades dentro del país, y que se garantice la transparencia y calidad de las obras.

Se necesita reactivar la economía nacional
“Estamos haciendo exactamente lo inverso, ya que la ingeniería peruana viene siendo postergada, especialmente por el Estado, a favor de entidades extranjeras. Ello no por falta de capacidades técnicas para acometer la reconstrucción, sino por una fuerte carencia de gobernanza”, señala su comunicado.

Asimismo, el CIP indica que al ejecutar el programa a través de entidades extranjeras se pierde tanto la oportunidad de desarrollo de habilidades propias, como el beneficio de que una mayor parte de los fondos quede dentro del país y ayude a reactivar su economía. “La pandemia que vive el mundo ha mostrado a las naciones lo estratégico de contar con capacidades propias para atender sus necesidades fundamentales y lo importante de no volverse excesivamente dependientes de suministros externos. Hay que sacar lecciones y aprender de las difíciles circunstancias que estamos viviendo por carecer de un suministro propio de ventiladores mecánicos y de oxígeno”.

También sugiere que con la finalidad de evitar los extensos retrasos que sufre la obra pública, cuando ésta se ejecuta bajo la

Ley de Contrataciones del Estado, el gobierno ha recurrido a que se realice a través de las instituciones y normas de contratación de otra Nación, abdicando así de sus propias normas. Entonces, la tercerización de la gestión para la ejecución de obras no obedece a una carencia de ingeniería local, sino a la necesidad de eludir la red de obstáculos originada por su propia normatividad.

Si la ejecución de obras gobierno a gobierno se tiene que dar, el CIP indica que ello debería ser una oportunidad para una

transferencia de gobernanza que deje como legado sistemas transparentes en la selección de contratistas y una fiscalización y control eficaz que en lugar de generar mayor burocracia permita mecanismos de fiscalización sencillos y transparentes, limitando los niveles de discrecionalidad de los funcionarios sin restringir su capacidad de realizar labores de supervisión eficaces.